A 80 Km/h o a 100 Km/h, ¿Por qué no a 110 Km/h?, a 120 Km/h o a 130 Km/h, ¿Por qué no a 140 Km/h? eternas polémicas entre conductores que algunos políticos han adoptado en su discurso para ocultar las cadencias reales en políticas de movilidad de los partidos a los que representan. Desde el punto de vista económico, con las necesidades actuales que tiene nuestra sociedad y de la supuesta austeridad económica de la que hace gala el propio Govern de Mas, la decisión de utilizar nuestros escasos recursos económicos para cambiar nuevamente las señales de tráfico resulta como mínimo inoportuna.
La ridícula decisión de volver a modificar el límite de velocidad en los accesos a Barcelona fue momentáneamente aplazada por motivos ambientales, la situación anticiclónica así lo aconsejaba, mientras la puesta en escena mediática tampoco es proporcional al resultado obtenido, la medida ni siquiera recupera la velocidad anterior al límite de 80 km/h. lo que en el mejor de los casos supone unos escasos dos minutos de nuestro tiempo para cada viaje.
El verdadero problema para desplazarse por Catalunya es su anticuado y deficiente transporte público. El servicio de cercanías ferroviario ha sido mejorado poco o muy poco desde su creación, las consecuencias las hemos padecido todos y el estado de conservación de las carreteras secundarias es lamentable. Por el contrario, el gobierno de CiU no dudo ni un minuto en subir el precio de los peajes de las autopistas de la Generalitat, el precio de los billetes de ferrocarriles y esconder, aumentando los límites de velocidad en los accesos a Barcelona, su inexistente política de movilidad, que obliga al uso del automóvil a tantos y tantos ciudadanos.
¿He sido yo?, se preguntan perplejos los diputados del Congreso tras la aprobación de la polémica enmienda apoyada por el PP, CiU, PNV y BNG la semana pasada en la ley de economía sostenible que da más poder a los concesionarios de vehículos y despierta las iras de las marcas de vehículos. Ahora PP y CiU buscan una solución intentando utilizar la ingeniería parlamentaria para solucionar una chapuza con otra chapuza.
